Appian Capital Advisory ha logrado llevar doce minas a producción y completar dieciséis desinversiones; hoy cuentan con aproximadamente US$5.000 millones en activos bajo gestión en su plataforma. Una importante reforma sería publicar plazos vinculantes para los permisos y luego cumplirlos, indican desde Appian Capital Advisory
Guillermo Kaelin, Managing Partner at Appian Capital Advisory, es un convencido de que la oportunidad de diversificación de Perú está menos en encontrar nuevos minerales que en detener la pérdida de participación en aquellos en los que ya es líder. La cartera actual de proyectos del Ministerio de Energía y Minas supera los US$64.000 millones, y el cobre representa la mayor parte de ella: solo seis megaproyectos cupríferos concentran aproximadamente una cuarta parte de ese monto. “Si esa cartera llegara a desarrollarse, Perú podría sumar cerca de 3,2 millones de toneladas de producción anual de cobre a su actual base productiva”, indica en esta amplia entrevista. “La geología coloca a Perú cerca de los primeros lugares de nuestra lista de jurisdicciones objetivo. Son los factores sobre la superficie los que hacen que baje posiciones”.
Desde la perspectiva de un inversionista internacional, ¿qué tan bien posicionado está el Perú para aprovechar el actual ciclo favorable de los metales, particularmente del cobre?
Perú está excepcionalmente bien posicionado en dos aspectos que no pueden legislarse: su geología y una base operativa minera ya existente. Es el tercer mayor productor de cobre del mundo, con alrededor de 2,7 millones de toneladas en 2025; ocupa el segundo lugar en producción de plata y zinc, y cuenta con algunas de las mayores reservas de cobre del mundo, solo por detrás de Chile y Australia. Además, posee una de las mayores carteras de proyectos de cobre de gran escala aún no desarrollados a nivel mundial.
Lo que resulta aún más relevante es la magnitud de los recursos que permanecen sin desarrollar. La cartera actual de proyectos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) supera los US$64.000 millones, y el cobre representa la mayor parte de ella: solo seis megaproyectos cupríferos concentran aproximadamente una cuarta parte de ese monto. Si esa cartera llegara a desarrollarse, Perú podría sumar cerca de 3,2 millones de toneladas de producción anual de cobre a su actual base productiva, lo que le permitiría recuperar el segundo lugar a nivel mundial —posición que mantuvo hasta ser superado en 2023— y potencialmente avanzar aún más. Cabe recordar que estas cifras solo consideran los proyectos que ya son conocidos y que están registrados en la cartera oficial; la exploración en curso y el potencial geológico más amplio del país ni siquiera están reflejados en ese número.
Perú también cuenta con un verdadero ecosistema minero, no simplemente con una industria minera. Décadas de operaciones de gran escala han permitido desarrollar una sólida base de profesionales peruanos —geólogos, ingenieros de minas, metalurgistas y operadores— que han diseñado, construido y operado activos técnicamente exigentes en altura. Perú cuenta con alrededor de 26 universidades que ofrecen carreras de ingeniería de minas y que forman a más de mil nuevos ingenieros de minas al año, además de una base de contratistas y proveedores suficientemente madura como para movilizarse rápidamente y a costos competitivos a nivel internacional.
Para el propietario del proyecto, esto significa que los proyectos pueden construirse y operarse sin necesidad de importar mano de obra, lo que reduce simultáneamente los costos de capital, los costos operativos y los riesgos de ejecución. Esa capacidad toma décadas en desarrollarse y es precisamente lo que jurisdicciones más nuevas que hoy compiten con Perú todavía no han logrado construir.
Las exportaciones mineras alcanzaron un récord en 2025, con un crecimiento cercano al 30% interanual. Sin embargo, este crecimiento proviene de las minas existentes, no de nuevas operaciones, y prácticamente no hay proyectos en la cartera con una fecha de inicio cercana. En mi opinión, es precisamente esa brecha en la cartera de proyectos la que Perú debería concentrarse en resolver.
Cuando Appian evalúa oportunidades en Perú, Chile, Brasil, Argentina o México, ¿qué factores hacen actualmente que Perú sea más o menos competitivo? ¿Dónde está perdiendo inversión?
La geología coloca a Perú cerca de los primeros lugares de nuestra lista de jurisdicciones objetivo. Son los factores sobre la superficie los que hacen que baje posiciones. Según la encuesta 2025 del Fraser Institute, Perú ocupó el puesto 41 entre 68 jurisdicciones en términos de atractivo para la inversión. Hace una década se encontraba dentro de los diez primeros lugares y hoy está por detrás no solo de Chile, sino también de varias provincias argentinas. El capital que anteriormente se habría dirigido con seguridad hacia Perú ahora está siendo disputado por otras jurisdicciones, y parte de esa competencia se está perdiendo por factores asociados a los procesos, y no a la calidad de su geología.
”La mayoría de los inversionistas probablemente plantearía una reforma del sistema de permisos. Esta es necesaria, pero no suficiente, porque un permiso otorgado en un territorio donde el Estado está ausente sigue pudiendo generar un bloqueo.
¿Dónde específicamente? Primero, en la exploración greenfield. La inversión en exploración en Perú cayó 3,1% en el primer trimestre de 2026, incluso en un contexto de precios de los metales que se encuentran entre los más fuertes de una generación. Esto constituye un indicador adelantado que constituye una señal negativa.
Segundo, en las decisiones iniciales de construcción, donde las jurisdicciones que cuentan con estándares de permisos más centralizados, digitalizados y claros simplemente avanzan más rápido.
Tercero, y es un aspecto del que se habla menos, la minería ilegal compite por el mismo territorio, el mismo recurso hídrico y las mismas comunidades que necesitan los proyectos formales.
Si pudiera elegir tres cambios regulatorios para destrabar la inversión minera, ¿cuáles serían?
En primer lugar, establecería plazos legales para las respuestas administrativas. Desarrollar una mina en Perú puede requerir varios cientos de permisos y autorizaciones diferentes, y solo la aprobación para iniciar la construcción puede tardar años en obtenerse. Ninguno de los permisos de esa lista es, por sí solo, excesivo o injustificado; el problema es que no existe un plazo exigible ni consecuencias cuando ese plazo se incumple. Cada decisión sobre un permiso debería tener un plazo establecido por ley y los organismos responsables deberían estar obligados a cumplirlo.
En segundo lugar, establecería una verdadera autoridad con capacidad de decisión. Una única entidad debe tener la facultad de decidir o, al menos, de exigir que se adopte una decisión, y debe contar con funcionarios que estén legalmente protegidos cuando aprueban un proyecto, en lugar de quedar expuestos profesionalmente. En mi opinión, la falta de respaldo institucional para los funcionarios que dicen que sí es una de las causas de demora más subestimadas en Perú.
La arquitectura para una ventanilla única se construyó en gran medida hace años, lo que convierte esta medida en una de las oportunidades más fáciles que tiene el Gobierno peruano: un pequeño cambio que podría atraer capital minero significativo y sentar un precedente de eficiencia administrativa que otros sectores podrían seguir, con un impacto en el crecimiento que se haría visible rápidamente.
Por último, propondría que los procesos de consulta tengan plazos definidos, sean lideradas por el Estado y tengan carácter definitivo. La consulta debería desarrollarse durante un período establecido por ley, ser conducida por el Estado, con la participación de la empresa, pero sin que esta asuma el rol que corresponde al Estado— y generar un registro vinculante.
Las comunidades tienen derecho a ser escuchadas adecuadamente, y un proceso sin un punto final las perjudica, porque termina sin generar una mina, empleos ni ingresos fiscales.
¿Qué diferencia a un proyecto que avanza rápidamente hacia la producción de uno que permanece estancado durante años en las etapas de estudios, permisos o conflictos?
Hay cuatro aspectos principales que son fundamentales para hacer avanzar un proyecto a lo largo de su ciclo de desarrollo.
El primero es contar desde una etapa temprana con una licencia social que se mantenga de manera continua. No se trata de un evento de consulta, sino de construir una relación de una década con las mismas comunidades, respetada a través de los ciclos de los commodities y de los cambios de administración. Los proyectos que consideran la relación con las comunidades simplemente como un hito dentro del proceso de permisos casi siempre terminan pagando el precio más adelante.
”Las comunidades tienen derecho a ser escuchadas adecuadamente, y un proceso sin un punto final las perjudica, porque termina sin generar una mina, empleos ni ingresos fiscales.
En Appian creemos en el concepto de “integración social”, que va más allá del enfoque tradicional y más transaccional de la licencia social. Queremos formar parte de nuestras comunidades anfitrionas mediante inversiones en iniciativas que generen valor duradero, ya sea a través de educación, creación de empleo o programas de emprendimiento que permitan impulsar el desarrollo de las poblaciones locales.
Esto puede incorporarse a todos los proyectos mediante objetivos de contratación local, planes de adquisiciones locales y transferencia de capacidades como condiciones de las inversiones internacionales o de los procesos de permisos.
El segundo aspecto es la alineación política e institucional entre los tres niveles de gobierno. Un proyecto puede contar con aprobación nacional y aun así ser bloqueado por una autoridad regional o municipal con una estructura de incentivos diferente.
El tercero es la capacidad técnica. Los proyectos grandes y complejos, ubicados a gran altura, con restricciones hídricas, largos trayectos de transporte hasta los puertos o dificultades metalúrgicas, fracasan cuando el propietario no cuenta con la profundidad técnica y de ingeniería interna necesaria para resolver esos problemas, en lugar de limitarse a estudiarlos.
El cuarto es contar con capital comprometido por el plazo adecuado. El desarrollo minero requiere capital paciente capaz de sostener una construcción de cinco a diez años sin generar ingresos. Un capital que necesita reciclarse o salir en un horizonte de tres años no siempre es suficiente para construir una mina.
Aquí es donde Appian se diferencia como inversionista del sector. Hemos llevado doce minas a producción y completado dieciséis desinversiones, y contamos con aproximadamente US$5.000 millones en activos bajo gestión en nuestra plataforma, además de equipos técnicos internos, geólogos, metalurgistas e ingenieros de minas.
El año pasado lanzamos un fondo dedicado a mercados emergentes junto con la IFC del Banco Mundial, con compromisos totales de hasta US$1.000 millones, aplicando los estándares de desempeño y ESG de la IFC. Este año abrimos una oficina regional en São Paulo porque América Latina necesita esa combinación de capacidad técnica y capital paciente a escala.
¿Cuánto de la cartera de proyectos mineros del Perú podría destrabarse si el país redujera sustancialmente los plazos regulatorios y fortaleciera la seguridad jurídica?
Prácticamente toda la cartera podría destrabarse, pero no de manera simultánea ni únicamente como resultado de una reforma regulatoria. Las principales restricciones —la velocidad de los permisos, la seguridad jurídica y los conflictos sociales— interactúan entre sí. Permisos más rápidos otorgados en un entorno social no resuelto pueden generar bloqueos en lugar de una mayor producción.
Un enfoque más alcanzable sería concentrarse inicialmente en la cartera de cobre. A fines de 2025, alrededor de US$24.700 millones en proyectos cupríferos no tenían una fecha de inicio definida. Lograr que esos proyectos pasen de no tener fecha a contar con una fecha definida sería el resultado regulatorio de mayor valor que podría obtener este Gobierno.
La SNMPE estima que Perú necesita agregar entre 300.000 y 500.000 toneladas de producción anual de cobre simplemente para mantener su participación en el mercado mundial hacia 2035. Y dado que Antamina, Las Bambas, Cerro Verde, Cuajone y Toquepala se encuentran cerca de sus niveles máximos de producción, ese crecimiento necesariamente deberá provenir de los proyectos actualmente estancados.
El FMI ha estimado que el desarrollo de esta cartera podría elevar el crecimiento potencial de Perú entre 0,5 y 1 punto porcentual. El BCRP sitúa la inversión privada asociada en alrededor del 15,7% del PIB, con una producción adicional equivalente aproximadamente al 6,5% del PIB durante la vida de las minas.
Publicar plazos vinculantes para la obtención de permisos y luego cumplirlos no requiere nuevos recursos ni una reforma constitucional. Requiere una decisión.
¿Qué debería hacer Perú para garantizar que la expansión minera esté acompañada por energía suficiente, confiable y competitivamente valorada? ¿Ve oportunidades de integración entre minería y energías renovables?
La demanda máxima de la minería representa una fracción de la capacidad renovable que ya ha sido presentada al operador de la red para su conexión. La prioridad debería ser acelerar la expansión de la transmisión, aplicar a los proyectos energéticos que necesita la minería los mismos plazos para la obtención de permisos y planificar conjuntamente la generación, la transmisión y la demanda minera, en lugar de hacerlo de manera secuencial.
Si un proyecto de cobre alcanza su decisión final de inversión en 2028 y su línea de transmisión no está lista hasta la década siguiente, el proyecto habrá quedado efectivamente varado incluso antes de comenzar.
También existe una señal de alerta en los datos actuales. La generación hidroeléctrica ha disminuido mientras la generación a diésel ha aumentado considerablemente este año, lo que resulta costoso, intensivo en carbono y es típico de situaciones en las que la capacidad firme y la transmisión no avanzan al ritmo de la demanda.
En materia de energías renovables, la oportunidad es considerable y Perú no la está aprovechando plenamente. La irradiación solar en el sur alcanza entre 5,5 y 6,5 kWh/m² al día, una de las mejores del mundo, y un estudio del Minem realizado con cooperación alemana estimó un potencial solar total superior a 399.000 MW. Sin embargo, la energía solar representa apenas alrededor del 2% de la generación del sistema interconectado.
”El molibdeno, en particular, se está volviendo estratégicamente relevante como subproducto del cobre. Estos minerales pueden destrabarse aplicando la misma solución en materia de permisos que para el cobre.
La mejor irradiación solar se encuentra precisamente en las mismas regiones del sur donde están los mejores yacimientos de cobre de Perú. La vía práctica consiste en contratos corporativos de compraventa de energía —power purchase agreements (PPA)—, generación en sitio o cercana al sitio y, cada vez más, energía solar combinada con sistemas de almacenamiento, dado que una mina opera las 24 horas del día y el sol no.
Estamos aplicando este enfoque en nuestra propia cartera. En Rosh Pinah, en Namibia, estamos combinando la expansión de un proyecto de zinc con el desarrollo de una nueva planta solar.
Más allá del cobre, ¿qué minerales podrían convertirse en nuevas oportunidades relevantes para Perú durante los próximos 10 a 20 años?
Los separaría en tres categorías, porque tienen horizontes y niveles de riesgo muy diferentes.
Ya de clase mundial, pero reciben una inversión insuficiente: zinc, plata, oro, plomo, estaño y molibdeno.
Perú es uno de los mayores productores mundiales de plata y zinc, y el mayor productor de oro de América Latina. El molibdeno, en particular, se está volviendo estratégicamente relevante como subproducto del cobre. Estos minerales pueden destrabarse aplicando la misma solución en materia de permisos que para el cobre.
De más largo plazo y todavía especulativos: tierras raras, fosfatos y mineral de hierro.
El mineral de hierro ya cuenta con capacidad de desarrollo a corto plazo dentro de la cartera peruana. Las tierras raras y los fosfatos presentan un potencial geológico real, pero, al no existir prácticamente una cadena de procesamiento en el país, su desarrollo corresponde a una perspectiva de 15 a 20 años y requeriría una política industrial de apoyo, no solamente exploración.
La oportunidad de diversificación de Perú está menos en encontrar nuevos minerales que en detener la pérdida de participación en aquellos en los que ya es líder. Perú está perdiendo participación de mercado en zinc y plata por las mismas razones regulatorias por las que está perdiendo participación en cobre. En la práctica, diversificación y ejecución requieren las mismas soluciones.
¿Qué cambios se necesitan en la relación entre el Gobierno, las empresas y las comunidades para reducir los conflictos sociales y otorgar mayor predictibilidad a los proyectos?
Un desafío central es que la participación del Estado y de los gobiernos locales ha sido limitada, dejando que las empresas asuman negociaciones con las comunidades sobre asuntos que normalmente corresponderían a responsabilidades públicas: agua, salud, caminos, escuelas y titulación de tierras. Esto está provocando que cada reclamo legítimo relacionado con los servicios públicos termine convirtiéndose en un reclamo contra la mina, lo que está generando mayores niveles de conflicto social.
A junio de 2026, la Defensoría del Pueblo registraba 151 conflictos sociales activos, de los cuales 96 eran de carácter socioambiental y estaban directamente vinculados a actividades extractivas. Los conflictos socioambientales relacionados con la minería se han mantenido de manera consistente en torno a un tercio del total de conflictos sociales en Perú.
La minería aportó más de S/10.000 millones a través del canon minero a los tres niveles de gobierno en 2025. Al mismo tiempo, la pobreza monetaria alcanza el 25,7% a nivel nacional y el 35,5% en las zonas rurales. Es necesario hacer más para garantizar que estos ingresos provenientes de la minería se utilicen para financiar y mejorar los servicios locales.
Por ello, propondría tres cambios.
Primero, el Estado debe tener una presencia más permanente en los territorios mineros.
Segundo, los ingresos del canon deben traducirse en mejoras visibles. Este es mucho más un problema de ejecución y de capacidad para realizar inversión pública en los gobiernos regionales y locales que un problema de ingresos.
Tercero, se debe hacer más para promover y compartir las mejores prácticas. Perú cuenta con operadores formales realmente excelentes, con sólidas prácticas ESG, y existe poca conciencia sobre su impacto socioeconómico duradero.
Comparemos una localidad antes y después de una mina formal bien gestionada —el camino, el centro de salud, la escuela, la cadena de proveedores locales— con un distrito tomado por la minería ilegal. El contraste es evidente. Sin embargo, esta comparación rara vez se realiza o se analiza públicamente.
¿Qué señales concretas debería enviar el Gobierno durante su primer año para convencer a un fondo internacional de que Perú vuelve a ser una jurisdicción prioritaria?
En primer lugar, debería publicar plazos vinculantes para los permisos y luego cumplirlos. No un documento estratégico, sino un decreto con plazos máximos establecidos por ley. Los inversionistas tomarán nota si durante doce meses el Gobierno cumple los plazos comprometidos.
”El Estado debería recuperar su presencia y su voz en las regiones mineras, con una presencia permanente, información transparente sobre lo que un proyecto hará y no hará, y un monitoreo ambiental verificable de manera independiente, en el que las comunidades puedan confiar porque no dependen de la empresa ni de un tercero para interpretarlo.
También debería destrabar de manera visible y completa dos o tres proyectos emblemáticos. Que un proyecto llegue a la etapa de construcción con el Estado claramente presente junto a la empresa vale más que cualquier cantidad de foros promocionales.
El Estado debería recuperar su presencia y su voz en las regiones mineras, con una presencia permanente, información transparente sobre lo que un proyecto hará y no hará, y un monitoreo ambiental verificable de manera independiente, en el que las comunidades puedan confiar porque no dependen de la empresa ni de un tercero para interpretarlo.
Finalmente, es necesario garantizar estabilidad fiscal y regulatoria. El régimen de concesiones de Perú goza de buena reputación y es conocido por el sector, proporcionando un nivel de certeza a los inversionistas. Un compromiso de largo plazo con este régimen contará con el respaldo de los inversionistas.
Si Perú destrabara su cartera de proyectos, mejorara la regulación, ampliara su infraestructura energética y mantuviera la estabilidad macroeconómica, ¿qué potencial de crecimiento podría alcanzar durante los próximos diez años?
Perú podría aproximadamente duplicar su producción de cobre, agregando hasta 3,2 millones de toneladas anuales, según el BCRP, y recuperar el segundo lugar a nivel mundial.
En términos de crecimiento, el FMI estima que el desarrollo de esta cartera podría aportar entre 0,5 y 1 punto porcentual adicional al crecimiento potencial del PIB, con una inversión privada asociada de aproximadamente 15,7% del PIB y una producción incremental equivalente a cerca del 6,5% del PIB durante la vida de las minas.
En materia de empleo, el empleo minero directo promedió más de 264.000 puestos en 2025 y alcanzó un récord de 276.765 en diciembre. El Minem y el IPE utilizan un multiplicador de ocho empleos indirectos por cada empleo directo, lo que implica aproximadamente dos millones de puestos de trabajo adicionales respaldados actualmente por el sector.
El 73% de ese empleo directo corresponde actualmente a contratistas y empresas proveedoras o asociadas al sector, en lugar de las propias compañías mineras. Perú ha desarrollado un verdadero ecosistema de proveedores, compuesto por unas 8.000 empresas especializadas, que permite sostener una cadena de suministro más distribuida geográficamente y más resiliente.
Además, esta actividad está concentrada en las regiones donde los niveles de pobreza son más altos, dado que las compañías mineras contratan predominantemente mano de obra directa e indirecta de las comunidades cercanas.
Hay una salvedad que vale la pena mencionar: las cifras récord de exportaciones del año pasado estuvieron impulsadas principalmente por los precios y no por los volúmenes. En diciembre de 2025, el valor de las exportaciones de cobre aumentó 39,3%, mientras que el volumen cayó 2,6%.
Actualmente, Perú está monetizando un ciclo de precios, no una expansión de la producción. Por eso es tan importante ayudar a que los proyectos más viables de la cartera avancen hasta la producción.
Si tuviera que presentar mañana una sola medida al Presidente, ¿cuál sería y por qué?
Que el Estado vuelva a estar presente en los territorios mineros, de manera permanente, visible y con autoridad para tomar decisiones una vez que se hayan cumplido todos los requisitos.
La mayoría de los inversionistas probablemente plantearía una reforma del sistema de permisos. Esta es necesaria, pero no suficiente, porque un permiso otorgado en un territorio donde el Estado está ausente sigue pudiendo generar un bloqueo.
La presencia del Estado es la única medida que mejora todo lo demás simultáneamente: hace creíble la consulta, permite que el canon se traduzca en beneficios socioeconómicos visibles, desplaza a la minería ilegal del territorio y elimina la posición imposible en la que quedan las empresas cuando se les pide asumir funciones que corresponden al Gobierno.
Si se me permitiera agregar una segunda frase al Presidente, le diría que la ventana de oportunidad está abierta ahora. Los precios del cobre y del oro se encuentran cerca de máximos históricos y el capital global está buscando activamente jurisdicciones donde invertir en minerales críticos.
Ese capital se asignará durante los próximos tres a cinco años y se dirigirá hacia aquellas jurisdicciones capaces de convertir su geología en permisos y construcción.
Este artículo se publicó por primera vez en 7 septiembre de 2026 en Energiminas aquí.
